Vecinos de Lomas Verdes se manifiestan contra desarrollos inmobiliarios; exigen ser escuchados por autoridades de Naucalpan

El Gobierno de Naucalpan insiste en que las luchas sociales no deben partidizarse, pero frente a la inconformidad de los vecinos responde señalando a qué partido pertenecía la administración anterior (PAN). Su comunicado de hoy atribuye a ese gobierno las autorizaciones de “La Luna” y “La Fortuna”.

Pero los documentos obligan a contar la historia completa.

La Licencia de Uso de Suelo que hoy exhibimos para el predio La Fortuna (Faisán 155 y 157) fue expedida el 17 de agosto de 2021, durante la administración municipal 2019–2021 (morena). Es decir, esa autorización no nació en la administración inmediatamente anterior. El propio Ayuntamiento ha reconocido además que Privada Lomas Verdes cuenta con antecedentes de uso de suelo de 2021.

Licencia de Uso de Suelo otorgada durante la administración de Patricia Durán (Morena)

También debe decirse con claridad: la administración 2022–2024 (PAN) sí realizó actuaciones posteriores. De acuerdo con la documentación que se ha venido exhibiendo, se revalidó una licencia cuya subsistencia jurídica está cuestionada y se otorgaron licencias de construcción en las que se señala la ausencia de la clave de uso de suelo correspondiente. Esos actos también deben ser revisados y, si jurídicamente resultan irregulares, determinar las consecuencias que correspondan conforme a la ley.

Licencia de Uso de Suelo revalidada durante la administración de Angélica Moya (PAN)

Licencia de Construcción otorgada durante la administración de Angélica Moya (PAN)

Por ello, resulta profundamente incongruente que quienes formaron parte de aquellas administraciones hoy salgan públicamente a decir que respaldan a los ciudadanos, cuando durante su gestión se realizaron actuaciones que dieron continuidad a estos desarrollos y no se resolvió de fondo la inconformidad vecinal. Pretender ahora colocarse del lado de los vecinos, sin asumir también las decisiones tomadas cuando fueron gobierno, abre un evidente cuestionamiento sobre la congruencia de esa postura.

Cada autoridad debe responder por los actos que realizó.

Por eso, no se trata de exonerar a una administración para responsabilizar a otra. Pero hoy existe una administración en funciones. Y si existen irregularidades, cuenta con facultades para investigar los antecedentes, revisar la legalidad de los actos administrativos y promover, según corresponda, procedimientos de nulidad, revocación, suspensión o las medidas legalmente procedentes, respetando el debido proceso.

Los vecinos no necesitan que les expliquen eternamente quién empezó el problema. Necesitan saber qué va a hacer la autoridad que hoy tiene la facultad de resolverlo.

Porque señalar responsabilidades anteriores puede ser necesario.
Pero gobernar significa asumir las responsabilidades presentes.