Asesinato del comisario ejidal de Chimalpa Francisco Pérez Román🚨En la carretera Naucalpan – Toluca
Todo comenzó con una escena que los vecinos de San Francisco Chimalpa no podían explicar. Durante la mañana del miércoles 19 de agosto, habitantes comenzaron a reportar una movilización de elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, acompañada de unidades de emergencia, sobre la carretera libre Naucalpan-Toluca.
En ese momento, la información era escasa. Desde metropoli.click publicamos inicialmente el reporte ciudadano señalando precisamente eso: que existía presencia policiaca en la zona de Chimalpa, pero que hasta ese momento se desconocía qué había provocado el operativo.
Horas después comenzó a conocerse la verdadera dimensión de lo ocurrido. No se trataba de una revisión policiaca ni de un accidente vial. Un hombre había sido asesinado dentro de un automóvil. Y la víctima no era cualquier habitante de la comunidad. Era Francisco Pérez Román, presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa.
En resumen
Francisco Pérez Román, presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa, fue asesinado la mañana del 19 de agosto de 2026 durante un ataque directo cometido por dos personas que llegaron en motocicleta. Familiares y personas cercanas han señalado que anteriormente había recibido amenazas presuntamente relacionadas con su oposición a tiraderos clandestinos, aunque hasta ahora no se ha acreditado que esas amenazas hayan sido el móvil del homicidio.
Puntos clave
- El caso comenzó siendo conocido públicamente como una movilización policiaca reportada por vecinos de Chimalpa.
- Horas después, videos difundidos en medios y redes sociales mostraron que se había cometido un homicidio.
- La víctima fue identificada como Francisco Pérez Román.
- Pérez Román era presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa.
- Familiares y habitantes aseguran que había recibido amenazas anteriormente.
- Las amenazas han sido vinculadas en testimonios con su oposición a tiraderos clandestinos y conflictos relacionados con terrenos.
- La Fiscalía mexiquense investiga si existe alguna relación entre esas amenazas y el asesinato.
De una movilización policiaca a un homicidio que sacudió Chimalpa
El primer reporte llegó de los vecinos
Durante las primeras horas del miércoles, la información que circulaba entre habitantes de San Francisco Chimalpa era fragmentaria.
Vecinos observaron patrullas de la Guardia Municipal, una ambulancia y una zona resguardada en las inmediaciones de la carretera libre Naucalpan-Toluca.
La primera publicación realizada por metropoli.click reflejó justamente ese momento de incertidumbre: se informó sobre la movilización policiaca y se aclaró que todavía no existía información oficial suficiente para determinar qué había sucedido.
Esa cautela era necesaria.
Pero posteriormente comenzaron a circular imágenes y videos que permitieron reconstruir de manera más clara los hechos.
Los videos revelaron lo que había ocurrido
Cámaras de seguridad captaron el ataque.
Las imágenes difundidas posteriormente muestran a dos personas que llegan a bordo de una motocicleta. La unidad se detiene cerca de un automóvil.
Uno de los individuos desciende, se aproxima directamente al vehículo y dispara contra la persona que se encontraba en su interior.
Después regresa a la motocicleta y ambos se retiran del lugar.
N+ reportó que las imágenes ubican el ataque alrededor de las 8:21 horas de la mañana.
Ese detalle resulta particularmente relevante.
El homicidio no ocurrió durante la madrugada en una zona despoblada.
Sucedió a plena luz del día, cuando en los alrededores había tránsito vehicular, transporte público, comercios abiertos y personas realizando sus actividades cotidianas.
Los responsables necesitaron apenas unos segundos para llevar a cabo el ataque y escapar.
Paramédicos acudieron posteriormente al sitio, pero ya no pudieron hacer nada por la víctima.
La zona fue acordonada para permitir las diligencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
¿Quién era Francisco Pérez Román?
La persona asesinada fue identificada como Francisco Pérez Román, presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa.
Su cargo ayuda a comprender por qué el homicidio genera interrogantes que van más allá de un episodio de violencia común.
¿Qué hace un comisariado ejidal?
En términos sencillos, un comisariado ejidal es el órgano que representa administrativamente a un ejido y ejecuta las decisiones adoptadas por su asamblea.
El artículo 32 de la Ley Agraria establece que el comisariado es responsable de ejecutar los acuerdos de la asamblea y de la representación y gestión administrativa del ejido.
Está integrado por una presidencia, una secretaría y una tesorería.
Entre sus atribuciones se encuentra también la representación del núcleo ejidal y la administración de sus bienes comunes.
Por ello, el presidente de un comisariado no ocupa únicamente un cargo simbólico.
Puede intervenir en decisiones relacionadas con tierras, aprovechamiento de bienes comunes, acuerdos internos, problemas territoriales y defensa de derechos de los ejidatarios.
Y en una comunidad como San Francisco Chimalpa, donde conviven bosques, tierras ejidales, barrancas, expansión urbana y actividades relacionadas con residuos, esa representación adquiere especial importancia.
Su oposición a tiraderos clandestinos y las amenazas previas
Después del asesinato comenzó a emerger otro elemento que ahora forma parte obligada del contexto.
Personas cercanas a Francisco Pérez Román y habitantes de la comunidad señalaron que había recibido amenazas antes de ser asesinado.
La Jornada Estado de México reportó que en San Francisco Chimalpa habitantes habían denunciado conflictos relacionados con terrenos y depósitos clandestinos de residuos.
Otros testimonios difundidos después del crimen relacionan las amenazas contra Pérez Román con su postura en contra de determinadas actividades vinculadas con tiraderos clandestinos de cascajo y residuos.
De acuerdo con esas versiones, Pérez Román habría mantenido una postura firme frente a ese tipo de actividades dentro del territorio ejidal.
Esto resulta particularmente relevante porque un tiradero clandestino no representa únicamente un problema ambiental.
Detrás de la disposición irregular de toneladas de residuos pueden existir intereses económicos importantes: transporte, cobro por recibir materiales, ocupación de terrenos y control de accesos.
Por ello, la eventual relación entre la actividad del representante ejidal y su homicidio merece una investigación exhaustiva.
Lo que todavía deberá probar la Fiscalía
Aquí es importante poner un límite claro.
Hasta este momento no existe información pública suficiente para afirmar que Francisco Pérez Román fue asesinado precisamente por oponerse a tiraderos clandestinos.
Que haya recibido amenazas y que posteriormente haya sido asesinado no demuestra automáticamente que exista una relación causal entre ambos hechos.
Eso deberá establecerlo la Fiscalía.
Será necesario determinar quiénes realizaron las amenazas, cuándo ocurrieron, si existían mensajes, llamadas o testigos, si fueron denunciadas formalmente y qué intereses podían encontrarse detrás de ellas.
También deberá investigarse si existían conflictos relacionados con tierras ejidales o con otras actividades desarrolladas dentro de San Francisco Chimalpa.
Lo que sí puede afirmarse es que los antecedentes generan una línea de investigación que no puede ser ignorada.
El otro problema detrás del crimen: los tiraderos clandestinos de Naucalpan
El caso abre una segunda discusión que Naucalpan conoce desde hace años.
¿Qué está ocurriendo con los tiraderos clandestinos y el traslado de residuos hacia las comunidades rurales del municipio?
San Francisco Chimalpa no se encuentra aislado de ese fenómeno.
Las comunidades de la zona poniente conservan parte de las áreas rurales, forestales y ejidales más importantes de Naucalpan, pero precisamente esa condición también las ha convertido en receptoras de cascajo, tierra, basura y otros residuos.
Tepatlaxco y el antecedente documentado por metropoli.click
En julio, metropoli.click investigó el destino de camiones cargados con residuos después de que dos tráileres que transportaban basura volcaran el mismo día mientras se dirigían hacia Santiago Tepatlaxco.
Ese episodio llevó a publicar el reportaje:
“El negocio de la basura en Naucalpan: Tepatlaxco, pueblo otomí originario usado como basurero metropolitano”.
La investigación documentó precisamente la presión que enfrentan diversas comunidades del poniente de Naucalpan ante el traslado y disposición de residuos. El propio sitio de metropoli.click registra que aquel reportaje dio continuidad a la cobertura de los dos tráileres que habían volcado rumbo a Tepatlaxco.
Ese antecedente cobra relevancia después del asesinato de Pérez Román.
No porque permita vincular directamente ambos hechos —eso sería irresponsable—, sino porque demuestra que la problemática de los residuos y tiraderos en las comunidades rurales de Naucalpan ya existía y ha sido documentada.
El homicidio del presidente del Comisariado Ejidal de Chimalpa obliga ahora a mirar nuevamente ese problema.
¿Quiénes operan esos sitios?
¿Quién autoriza o tolera el ingreso de vehículos?
¿De dónde provienen los residuos?
¿Quién cobra por recibirlos?
¿Qué autoridad municipal supervisa su funcionamiento?
¿Existen sitios que operen clandestinamente?
¿Y qué ocurre cuando una autoridad ejidal se opone?
Estas preguntas merecen respuestas independientemente de cuál termine siendo el móvil del homicidio.
Un asesinato a plena luz del día vuelve a cuestionar la seguridad en Naucalpan
Pero el caso también deja otra imagen difícil de ignorar.
Dos personas pudieron llegar en motocicleta, detenerse frente a un vehículo, cometer un homicidio alrededor de las ocho de la mañana y escapar en una zona donde había ciudadanos, comercios, transporte y circulación vehicular.
El hecho inevitablemente coloca nuevamente bajo escrutinio la seguridad pública municipal.
Y aquí aparece un contraste que la administración de Isaac Montoya tendrá que enfrentar.
Montoya presume avances en su estrategia de seguridad
Desde el inicio de su administración, el alcalde ha presentado la seguridad como una de las prioridades de su gobierno.
Su administración ha difundido resultados relacionados con reducción de delitos, patrullaje, videovigilancia, profesionalización policial y uso de inteligencia.
En su primer informe de resultados, el gobierno aseguró que busca avanzar hacia un modelo preventivo, profesional y basado en inteligencia, además de reportar rehabilitación de sistemas de videovigilancia y monitoreo desde el C4.
La administración también ha sostenido públicamente que la incidencia de algunos delitos de alto impacto presenta reducciones.
Eso constituye información que debe reconocerse.
El problema es que una estadística favorable no cancela la experiencia cotidiana de quienes viven en el municipio.
Las cifras y la calle cuentan historias diferentes
Isaac Montoya puede presumir reducciones porcentuales, nuevas patrullas, cámaras, tecnología y su denominada estrategia de seguridad.
Pero para gran parte de los naucalpenses la pregunta es mucho más sencilla:
¿Se sienten realmente más seguros?
Porque mientras el gobierno presenta números positivos, continúan apareciendo noticias sobre homicidios, cuerpos abandonados, ataques armados, robos violentos y otros delitos de alto impacto.
Y algunos suceden incluso a plena luz del día y en espacios públicos.
El asesinato de Francisco Pérez Román constituye un ejemplo especialmente delicado.
No ocurrió escondido de madrugada.
No ocurrió en una brecha completamente desierta.
Ocurrió aproximadamente a las 8:21 de la mañana, frente a cámaras, cerca de comercios y con circulación alrededor.
Y ésa es precisamente la diferencia entre administrar estadísticas y generar percepción real de seguridad.
Una persona no experimenta un porcentaje cuando sale de su casa.
Experimenta la seguridad cuando puede caminar, trabajar, conducir, utilizar transporte público o permanecer frente a un comercio sin convertirse en víctima de un delito.
Un crimen no demuestra por sí solo el fracaso de toda una estrategia
También sería incorrecto utilizar el asesinato de Pérez Román para afirmar que toda reducción estadística presentada por el Ayuntamiento es falsa.
Un homicidio individual no permite medir por sí mismo la totalidad de una política pública.
Pero ocurre lo mismo en sentido contrario.
Una disminución estadística tampoco puede utilizarse para minimizar hechos de enorme impacto social.
La administración municipal debería ser especialmente cuidadosa al presumir resultados mientras continúan ocurriendo episodios de violencia de este tipo.
Los números sirven para evaluar tendencias.
La calle sirve para evaluar resultados.
Y ambas cosas deben coincidir cada vez más si una política de seguridad realmente está funcionando.
¿Qué debe esclarecer la Fiscalía?
El asesinato deja varias preguntas cuya respuesta no corresponde al Ayuntamiento sino a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Entre ellas:
- ¿Quiénes fueron las dos personas que participaron en el ataque?
- ¿Qué ruta utilizaron para escapar?
- ¿Existen cámaras municipales o privadas que permitan seguir su recorrido?
- ¿Cuál fue el móvil del homicidio?
- ¿Existía un conflicto previo relacionado con tierras?
- ¿Francisco Pérez Román había recibido amenazas?
- ¿Quién realizó esas amenazas?
- ¿Fueron denunciadas ante alguna autoridad?
- ¿Las amenazas estaban relacionadas con tiraderos clandestinos?
- ¿Existe algún autor intelectual detrás del crimen?
Responder estas preguntas será fundamental.
Porque detener únicamente al autor material, si existieran personas que ordenaron el ataque, dejaría incompleta la investigación.
Análisis institucional: hay mucho trabajo pendiente
El homicidio también debería provocar una revisión dentro del propio Gobierno de Naucalpan.
Si el modelo municipal se presenta como una estrategia basada en proximidad, inteligencia, videovigilancia y prevención, entonces casos como éste deben analizarse justamente bajo esos parámetros.
¿Existía información previa sobre amenazas?
¿La Guardia Municipal conocía conflictos de seguridad alrededor del liderazgo ejidal?
¿Las cámaras municipales pueden reconstruir la huida de la motocicleta?
¿Existen mecanismos para identificar riesgos contra representantes comunitarios?
¿Hay inteligencia suficiente sobre conflictos relacionados con tiraderos clandestinos y control territorial?
Esas preguntas son más útiles que limitar la discusión a cuántas patrullas existen.
Porque una patrulla que llega después del homicidio cumple una función necesaria.
Pero una estrategia preventiva debería aspirar a algo más difícil: evitar que el homicidio ocurra.
Opinión editorial | Los avances también deben sentirse en la calle
El gobierno de Isaac Montoya tiene derecho a informar los indicadores que considere positivos.
También tiene la obligación de aceptar que la seguridad pública no puede evaluarse únicamente mediante presentaciones, comunicados o porcentajes.
La percepción ciudadana se construye a partir de experiencias concretas.
Un homicidio cometido a plena luz del día contra un representante comunitario, en una zona transitada y frente a cámaras, inevitablemente genera dudas sobre la capacidad preventiva de las autoridades.
Más aún cuando familiares y personas cercanas aseguran que la víctima había sido previamente amenazada.
La crítica no consiste en afirmar que la administración municipal provocó el homicidio.
Tampoco en atribuirle a Isaac Montoya responsabilidades que corresponden penalmente a quienes cometieron el crimen.
La crítica institucional es otra:
¿Está funcionando suficientemente la estrategia municipal para impedir que hechos de esta naturaleza sigan ocurriendo?
Porque por más que el alcalde presuma avances en su denominada “estrategia de seguridad”, la realidad cotidiana de muchos naucalpenses todavía dista del escenario que dibujan los números oficiales.
Los crímenes de alto impacto que continúan ocurriendo en el municipio —algunos durante el día y en lugares públicos— recuerdan que todavía existe una distancia entre una reducción estadística y una sensación efectiva de tranquilidad.
No significa que no existan avances.
Significa que no son suficientes.
Naucalpan sigue teniendo mucho trabajo por hacer en prevención, inteligencia, reacción, investigación coordinada, vigilancia territorial y recuperación de la confianza ciudadana.
Y probablemente una de las peores decisiones que podría tomar cualquier administración sería comenzar a celebrar antes de tiempo.
Preguntas frecuentes
¿Quién fue asesinado en San Francisco Chimalpa?
Francisco Pérez Román, presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Chimalpa, fue asesinado el miércoles 19 de agosto de 2026.
¿A qué hora ocurrió el ataque?
Las imágenes difundidas por N+ sitúan el ataque alrededor de las 8:21 horas.
¿Cómo ocurrió?
Dos personas llegaron en motocicleta. Una de ellas descendió y disparó contra Pérez Román mientras se encontraba dentro de un automóvil. Posteriormente ambos escaparon.
¿Qué es un comisariado ejidal?
Es el órgano encargado de representar administrativamente al ejido y ejecutar los acuerdos de su asamblea. La Ley Agraria establece que está integrado por una presidencia, secretaría y tesorería.
¿Francisco Pérez Román había recibido amenazas?
Familiares, conocidos y habitantes han señalado que sí existían amenazas previas. Algunas versiones las relacionan con su oposición a tiraderos clandestinos y conflictos territoriales.
¿Las amenazas provocaron el asesinato?
Hasta ahora no está demostrado. Esa posible relación deberá ser investigada y acreditada por la Fiscalía.
¿Por qué se habla de tiraderos clandestinos?
Porque testimonios posteriores al homicidio han relacionado las amenazas con la posición de Pérez Román frente a depósitos irregulares de residuos. Además, la problemática de tiraderos y traslado de basura hacia comunidades rurales del poniente de Naucalpan ha sido documentada previamente.
¿Quién investiga el homicidio?
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México realiza las diligencias para establecer el móvil e identificar a los responsables.
Conclusión
La historia de Francisco Pérez Román no debería reducirse a las imágenes de un homicidio captado por una cámara.
Comenzó para muchos vecinos como una extraña movilización policiaca en San Francisco Chimalpa.
Después se conoció el ataque.
Luego apareció el nombre de la víctima.
Y finalmente surgió un contexto que hace el caso todavía más delicado: su función como representante ejidal, su oposición a determinados tiraderos clandestinos y las amenazas que familiares y personas cercanas aseguran que había recibido.
Ahora corresponde a la Fiscalía determinar si esos elementos están conectados.
Mientras tanto, el caso deja dos problemas públicos que Naucalpan no puede ignorar.
El primero es la regulación y vigilancia de los tiraderos clandestinos y de los intereses económicos que pueden desarrollarse alrededor de ellos.
El segundo es la seguridad.
Porque mientras la administración municipal presume avances, el asesinato de una persona a plena luz del día recuerda que las cifras positivas todavía deben convertirse en algo mucho más difícil de conseguir:
que los habitantes de Naucalpan puedan sentir esos avances cuando salen a la calle.
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