Montoya recula con los parquímetros de Naupark: vecinos preparan recurso de revocación ante temor de que suspensión sea sólo temporal

NAUCALPAN.— Montoya recula con los parquímetros. Después de semanas de protestas vecinales, bloqueos, inconformidad de comerciantes y la promoción de recursos legales en los que se cuestiona la legalidad del programa, la falta de consulta ciudadana y la planeación con la que fue implementado, el gobierno municipal de Naucalpan anunció la suspensión temporal de la operación de los parquímetros en la Zona Azul de Ciudad Satélite a partir de las 9:00 horas del martes 18 de agosto.

La decisión representa un cambio significativo respecto de la postura que el propio presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, sostuvo apenas semanas atrás. En junio, el alcalde aseguró públicamente que no daría marcha atrás al sistema de parquímetros, pese a las manifestaciones de vecinos y comerciantes que exigían detener el proyecto y abrir un proceso de diálogo.

El rechazo ciudadano comenzó incluso antes de la entrada en operación del sistema. Vecinos y comerciantes de Ciudad Satélite realizaron movilizaciones y bloqueos en Circuito Economistas para exigir información sobre el proyecto y cuestionar que se pretendiera implementar sin que, a su juicio, existiera un proceso suficiente de información y participación ciudadana.

A esas inconformidades se sumaron posteriormente acciones legales promovidas contra el sistema, mediante las cuales se ha cuestionado, entre otros aspectos, la legalidad de su implementación, la ausencia de una consulta efectiva a quienes resultarían directamente afectados y la planeación del proyecto.

El gobierno ahora habla de una “revisión integral”

El anuncio municipal, sin embargo, no establece la cancelación definitiva de los parquímetros. La autoridad informó que realizará una “revisión integral” de las condiciones bajo las cuales se presta actualmente el servicio, con el propósito de verificar su funcionamiento y determinar los ajustes que considere necesarios.

También señaló que durante este periodo fortalecerá el diálogo con habitantes, comerciantes, prestadores de servicios y usuarios de la Zona Azul.

Por ello, entre los vecinos persiste una pregunta fundamental: ¿la suspensión constituye realmente el primer paso para corregir un proyecto cuestionado desde su origen o únicamente representa una pausa para contener temporalmente el descontento social y posteriormente reactivar el cobro?

La preocupación no resulta menor porque la suspensión anunciada es expresamente temporal y, hasta ahora, no significa que hayan quedado sin efectos los actos jurídicos que permitieron implementar el sistema.

Vecinos preparan recurso de revocación ante el Ayuntamiento

Ante esa incertidumbre, vecinos de Naucalpan ya preparan un recurso o solicitud de revocación dirigido al Ayuntamiento, con el propósito de que el asunto no quede únicamente sujeto a una determinación administrativa provisional, sino que sea analizado y resuelto formalmente por el órgano colegiado municipal.

Los inconformes consideran que no es justo que autorizaciones ilegales o deficiencias en la planeación y operación de los parquímetros, así como la falta de suficientes espacios de estacionamiento, terminen trasladándose a vecinos, comerciantes y usuarios mediante un cobro que perciben como una carga adicional.

La intención es que el Ayuntamiento revise de fondo los actos mediante los cuales se autorizó el sistema, su procedimiento de aprobación, la planeación que lo sustentó, la participación ciudadana previa y los cuestionamientos jurídicos que se han formulado desde su implementación.

Para los inconformes, una suspensión temporal no necesariamente resuelve las irregularidades denunciadas. Por ello, buscan que exista una resolución expresa, fundada y motivada, que determine si procede mantener, modificar o revocar definitivamente las decisiones relacionadas con el programa.

¿Puede el presidente municipal suspender por sí solo los parquímetros?

El anuncio abre, además, una interrogante jurídica que hasta ahora el gobierno municipal deberá aclarar: ¿cuenta el presidente municipal, por sí mismo, con atribuciones para suspender un sistema cuya instalación y zonas de operación fueron autorizadas por el Ayuntamiento?

La pregunta no pretende cuestionar el beneficio inmediato de detener el cobro —medida que ha sido demandada por numerosos vecinos—, sino conocer qué autoridad emitió jurídicamente la suspensión, mediante qué acuerdo y con qué fundamento legal.

El propio Reglamento para el Uso y Control de Estacionamiento en la Vía Pública de Naucalpan distingue las atribuciones del Ayuntamiento y las del presidente municipal.

Al Ayuntamiento corresponde determinar y autorizar las zonas en las que resulte procedente la instalación de parquímetros, aprobar su instalación, así como establecer los horarios y tarifas aplicables.

Por su parte, al presidente municipal le corresponde proponer al Ayuntamiento las zonas susceptibles de contar con parquímetros, además de ejercer las atribuciones que expresamente le otorguen otras disposiciones legales.

Bajo este esquema, la eventual revocación de los actos que dieron origen y sustento al sistema no correspondería de manera unilateral al presidente municipal, sino que tendría que ser analizada y, en su caso, determinada por el Ayuntamiento como órgano colegiado.

Por ello, la suspensión temporal anunciada por el gobierno municipal no sustituye una decisión formal sobre la permanencia o desaparición definitiva del programa.

Esta circunstancia también ha generado suspicacias entre vecinos, particularmente porque la medida se adopta después de diversas protestas y cuestionamientos legales, y en un contexto en el que públicamente se ha señalado la intención del alcalde de buscar la reelección. De ahí que algunos habitantes consideren necesario esclarecer si la suspensión responde a una verdadera revisión jurídica y administrativa del sistema o si se trata únicamente de una decisión coyuntural con motivaciones políticas o electorales.

Precisamente por ello, los vecinos insisten en que el Ayuntamiento debe pronunciarse de fondo mediante una resolución formal, fundada y motivada, que otorgue certeza sobre el futuro de los parquímetros y evite que una suspensión temporal pueda utilizarse únicamente para contener el descontento ciudadano.

“No rechazamos la suspensión, pero tampoco queremos que nos engañen”

Entre los vecinos, la discusión no se centra en rechazar la suspensión. Por el contrario, se trata de una de las principales exigencias planteadas durante las manifestaciones.

Lo que genera desconfianza es que la medida se anuncie únicamente como temporal, sin precisar hasta cuándo permanecerá vigente, cuáles serán los criterios para decidir sobre una eventual reactivación, qué ocurrirá con los actos administrativos previamente emitidos y si el Ayuntamiento discutirá formalmente la continuidad del proyecto.

De ahí que habitantes y comerciantes busquen llevar la controversia al terreno jurídico mediante la revocación.

Los vecinos no se oponen a que los parquímetros sean suspendidos; lo que no están dispuestos a aceptar es que una suspensión provisional sea utilizada como una estrategia para disminuir las protestas y que, una vez pasado el conflicto, el sistema vuelva a operar en las mismas condiciones.

Por eso exigen algo más que un comunicado: quieren conocer el acuerdo que jurídicamente sustenta la suspensión, la autoridad que lo emitió, sus alcances y la fecha hasta la cual permanecerá vigente.

De “no dar marcha atrás” a suspender el sistema

El giro político resulta particularmente relevante porque, cuando comenzaron las protestas, Montoya defendió públicamente la permanencia del programa y sostuvo que no sería detenido.

Dos meses después, la presión vecinal continúa, comerciantes han denunciado afectaciones económicas y el gobierno finalmente decidió suspender temporalmente la operación en Zona Azul.

Ahora la discusión entra en una segunda etapa.

La primera batalla ciudadana consiguió detener temporalmente el cobro. La siguiente será determinar si el gobierno pretende corregir de fondo el proyecto o simplemente ganar tiempo.

Y mientras el Ayuntamiento no defina formalmente el futuro de los parquímetros, los vecinos preparan la vía jurídica para buscar su revocación definitiva.

Conclusión

La suspensión temporal de los parquímetros representa un cambio importante frente a la postura que el gobierno municipal había sostenido desde el inicio del conflicto, pero no resuelve por sí misma los cuestionamientos jurídicos, administrativos y ciudadanos que rodean al programa.

El punto central ya no es únicamente si los parquímetros operan o permanecen suspendidos, sino qué ocurrirá con los acuerdos y actos administrativos que hicieron posible su implementación. Si éstos continúan vigentes, la posibilidad de que el sistema vuelva a operar seguirá abierta mientras no exista una determinación formal del Ayuntamiento.

Por ello, la discusión deberá pasar del anuncio político a la certeza jurídica. Transparentar el fundamento de la suspensión, definir sus alcances y someter la continuidad del programa a una decisión formal del órgano colegiado municipal será indispensable para determinar si se está corrigiendo de fondo el conflicto o simplemente postergándolo.