El negocio de la basura en Naucalpan: Tepatlaxco, pueblo otomí originario usado como basurero metropolitano

Esta investigación da continuidad al artículo publicado por metropoli.click sobre los dos tráileres cargados con basura que volcaron el mismo día cuando circulaban rumbo a Rincón Verde y Santiago Tepatlaxco.

Aquellos accidentes no representan únicamente un problema de tránsito o seguridad vial. Son la parte más visible de un sistema metropolitano que diariamente moviliza cientos o miles de toneladas de residuos hacia comunidades rurales de Naucalpan.

Después del retiro de los camiones quedaron bolsas y desperdicios esparcidos sobre el camino. Sin embargo, limpiar la carretera después de una volcadura no responde la pregunta de fondo: ¿cómo un pueblo originario, con raíces otomíes, tierras agrícolas, bosques, barrancas y manantiales terminó convertido en ruta y destino de la basura de Naucalpan, municipios vecinos y la Ciudad de México?

La respuesta obliga a mirar más allá de los tráileres. En Tepatlaxco y sus alrededores han coexistido rellenos sanitarios, confinamientos clausurados, predios reabiertos, tiros de cascajo y tiraderos clandestinos. Detrás de cada tonelada existe una cadena económica: alguien genera los residuos, alguien cobra por transportarlos, alguien recibe dinero por permitir su descarga y alguien obtiene beneficios por utilizar terrenos ejidales o privados.

De pueblo otomí y agrícola a corredor metropolitano de residuos

Santiago Tepatlaxco es una comunidad rural con presencia histórica de población otomí. Documentos legislativos la describen, junto con San Francisco Chimalpa, como un pueblo cuyo desarrollo estuvo ligado a sus recursos naturales, su cultura y su territorio. Sus habitantes cultivaban la tierra, criaban animales y aprovechaban bosques, manantiales y barrancas. (Gaceta Parlamentaria)

En 2006, cuando se discutía la instalación de otro relleno sanitario, habitantes y ambientalistas defendían terrenos entre cerros donde todavía se sembraban hortalizas, se criaban animales y existían manantiales. Los proyectos para instalar confinamientos en la zona se remontaban, por lo menos, a la década de 1990.

La transformación no ocurrió de un día para otro. Primero llegaron proyectos presentados como soluciones para la disposición de basura municipal. Después aumentó el traslado de residuos procedentes de otras partes del Valle de México y el flujo de cascajo relacionado con el crecimiento inmobiliario de la Ciudad de México.

Algunas barrancas dejaron de ser consideradas ecosistemas y comenzaron a ser tratadas como espacios vacíos que podían rellenarse a cambio de dinero. El valor inmediato de recibir residuos desplazó el valor ambiental de conservar bosques, cauces y suelos agrícolas.

Cómo surgieron los tiraderos clandestinos

Una parte importante de los tiraderos clandestinos de Naucalpan creció al mismo tiempo que aumentaban las obras inmobiliarias en la Ciudad de México.

En 2016, habitantes de Las Arenillas y El Ocotito denunciaron la llegada de más de 300 camiones diarios con tierra, cascajo y desperdicios provenientes de construcciones ubicadas principalmente en Polanco y Paseo de la Reforma. Los residuos eran arrojados en barrancas, cubrían árboles y alteraban cauces naturales. (El Universal)

Ese mismo año, la Dirección de Medio Ambiente de Naucalpan informó que había identificado más de 50 tiraderos clandestinos en zonas boscosas y ejidales, incluidos predios de Tepatlaxco, Chimalpa, San Mateo, Occipaco y Rincón Verde.

Durante uno de los recorridos, un transportista afirmó que pagaba 250 pesos por descargar. La cifra corresponde a 2016 y no puede considerarse una tarifa vigente, pero permite entender la lógica del negocio: multiplicada por decenas o cientos de viajes diarios, la recepción ilegal de cascajo y basura generaba ingresos considerables para quienes controlaban los accesos. (El Universal)

Los habitantes no denunciaban solamente tierra y cascajo. También reportaron basura doméstica, muebles, metales, residuos orgánicos, sustancias desconocidas e incluso ataúdes.

Al no existir básculas, controles de ingreso, clasificación de materiales ni registros sobre la procedencia de las cargas, resultaba imposible determinar qué materiales quedaban enterrados y quién era responsable de su manejo.

Rellenos sanitarios, sitios irregulares y tiraderos clandestinos

No todos los lugares donde se depositan residuos tienen la misma situación jurídica.

Un relleno sanitario autorizado debe contar con permisos, evaluación de impacto ambiental, sistemas de impermeabilización, captación de lixiviados, manejo de biogás, cobertura de residuos y monitoreo del suelo y del agua.

Un confinamiento que obtuvo autorizaciones puede volverse irregular cuando rebasa su capacidad, instala celdas sin permiso, incumple las condicionantes ambientales o continúa trabajando después de una clausura.

Finalmente, un tiradero clandestino es un predio, barranca o excavación donde se reciben residuos sin las autorizaciones ni la infraestructura necesarias.

En Tepatlaxco han coexistido estas modalidades. La falta de un inventario público facilita que las autoridades, empresas y propietarios mezclen sitios diferentes dentro del mismo discurso.

La población no puede conocer fácilmente qué predios tienen autorización, quién los opera, qué residuos reciben, cuánto cobran, cuál es su capacidad y qué autoridad los supervisa.

Clausuras que no consiguieron detener la operación

La falta de permisos y de infraestructura está documentada por las propias autoridades ambientales.

En noviembre de 2021, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México clausuró ocho predios ubicados en Las Arenillas, Las Ánimas, Puente de Piedra y Santiago Tepatlaxco.

Los inspectores encontraron residuos depositados directamente sobre suelo natural y a cielo abierto. La dependencia señaló que los sitios carecían de autorizaciones ambientales y de infraestructura para almacenar cascajo. También confirmó que varios continuaban trabajando pese a que ya se les habían impuesto medidas de seguridad. (Agenda 2030 Edomex)

La repetición de clausuras evidencia una falla estructural. Colocar sellos sin vigilancia permanente permite que sean retirados, destruidos o ignorados.

Una clausura efectiva requiere controlar los accesos, asegurar maquinaria, vigilar los predios, identificar a los transportistas y ejercer acciones penales cuando exista reincidencia.

Los intereses que rodean a los tiraderos

En septiembre de 2022, un operativo conjunto en un tiradero clandestino de Santiago Tepatlaxco terminó con nueve personas detenidas. En el predio fueron asegurados vehículos, una retroexcavadora, un arma, cartuchos útiles y bolsas con aparente marihuana. Las investigaciones incluyeron posibles delitos contra el ambiente, quebrantamiento de sellos, portación de arma y delitos contra la salud. (El Universal)

Dos meses después, otro operativo dejó 14 personas detenidas y diez vehículos de carga asegurados. Durante el traslado de la maquinaria, un grupo alcanzó a las grúas e intentó recuperar por la fuerza una excavadora y una camioneta. (El Universal)

Estos hechos no bastan por sí solos para afirmar que todos los tiraderos estén controlados por una sola organización criminal. Sí demuestran que alrededor de algunos predios existen intereses económicos capaces de quebrantar sellos, confrontar operativos y movilizar personas para recuperar maquinaria.

Cuando se requiere la participación de policías, fiscalías y Guardia Nacional para cerrar un tiradero, el problema deja de ser una simple falta administrativa.

Las investigaciones deberían abarcar posibles delitos ambientales, actos de corrupción, extorsiones, uso de documentos irregulares, operaciones con recursos de procedencia ilícita y redes de protección institucional.

La basura como negocio metropolitano

La disposición de residuos representa un gasto público, pero también una fuente considerable de ingresos privados.

El dinero se distribuye entre recolección, transporte, combustible, renta de maquinaria, uso de terrenos, separación de materiales, confinamiento y cobro por tonelada o por viaje.

Antes del accidente de 2023, el relleno de Puente de Piedra recibía alrededor de mil 500 toneladas diarias de residuos provenientes de la Ciudad de México, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza. (La Jornada)

En 2019, otro relleno metropolitano de Naucalpan recibía cerca de mil toneladas diarias generadas en el municipio, alrededor de 600 toneladas de la Ciudad de México y más de 200 toneladas de Atizapán. (El Universal)

En 2024, autoridades municipales confirmaron que un confinamiento privado de Naucalpan recibía temporalmente cerca de 400 toneladas diarias de la Ciudad de México, transportadas en aproximadamente 15 o 16 góndolas, además de las más de 600 toneladas producidas en Naucalpan. (El Universal)

Estas cifras demuestran que Tepatlaxco, Rincón Verde y otras comunidades del poniente de Naucalpan no han recibido únicamente la basura de sus propios habitantes. Han funcionado como infraestructura para resolver el problema de residuos de otras demarcaciones.

Los beneficios del traslado y confinamiento son metropolitanos. Los olores, el tránsito pesado, los accidentes, el deterioro de los caminos y la contaminación permanecen en las comunidades receptoras.

La explosión de Puente de Piedra

El 4 de julio de 2023, una explosión asociada con la acumulación de gas metano provocó un desplazamiento de residuos en el relleno sanitario de Santiago Tepatlaxco, ubicado en Puente de Piedra.

Trabajadores, maquinaria y vehículos quedaron sepultados. Dos personas perdieron la vida. Las autoridades colocaron sellos y señalaron que el sitio presentaba condiciones de inestabilidad y problemas en su operación. (La Jornada)

El accidente mostró otro de los riesgos de un relleno mal gestionado. La descomposición de la materia orgánica produce biogás, principalmente metano, que debe ser captado y controlado. Cuando se acumula dentro de grandes montañas de basura puede generar incendios, explosiones y movimientos internos.

Después del accidente se anunció el cierre del sitio. Sin embargo, en febrero de 2025 el gobierno municipal confirmó su reapertura emergente, condicionada a un convenio de regeneración con un plazo de 90 días. (Soy Naucalpan)

La reapertura requiere una explicación pública: qué autoridad modificó la clausura, qué estudios acreditaron la estabilidad del terreno, qué empresa quedó a cargo, qué medidas fueron cumplidas y cuáles fueron los resultados del convenio.

El problema pudo comenzar en administraciones anteriores, pero la decisión de reabrir, tolerar o mantener en funcionamiento un sitio también genera responsabilidad para el gobierno que la adopta.

La infraestructura que debería impedir la contaminación

Un relleno sanitario no es simplemente un terreno donde se deposita y compacta basura.

Debe contar con sistemas que separen los residuos del suelo, recolecten los lixiviados, controlen el biogás, desvíen el agua pluvial y permitan monitorear el comportamiento ambiental del sitio.

Las geomembranas forman parte de los sistemas de impermeabilización utilizados para evitar que los líquidos contaminantes lleguen al subsuelo.

Cuando la lluvia atraviesa los residuos y se mezcla con la materia en descomposición, arrastra sustancias orgánicas, compuestos químicos, nitrógeno, metales y microorganismos. Ese líquido es conocido como lixiviado.

En un sitio correctamente operado, los lixiviados deben ser captados mediante tuberías, conducidos a cárcamos, monitoreados y tratados. En un tiradero a cielo abierto o en un relleno con infraestructura deficiente pueden escurrir por los taludes, infiltrarse en el suelo o llegar directamente a barrancas y ríos.

De Puente de Piedra al río San Juan y la presa Madín

En septiembre de 2021, la Comisión Nacional del Agua documentó un flujo de lixiviados proveniente del relleno sanitario Puente de Piedra.

La descarga desembocaba en la margen izquierda del río San Juan, afluente de la presa Madín. Las muestras analizadas rebasaron los límites permitidos para materia orgánica y nitrógeno total. Conagua advirtió que los lixiviados y las aguas residuales debían tratarse para evitar su descarga directa al río y su infiltración hacia aguas subterráneas. (gob.mx)

La Profepa observó una fuga de flujo considerable y ordenó una clausura parcial temporal. También exigió sistemas de captación y conducción de lixiviados, monitoreo, drenaje pluvial y un programa de reparación del daño ambiental causado al río San Juan y a la presa Madín.

La dependencia señaló que esa descarga pudo contribuir a la mortandad de peces registrada en el embalse. (gob.mx)

Los lixiviados no necesariamente fueron la única causa. La presa también recibe aguas residuales, escurrimientos urbanos, descargas domésticas y otros contaminantes. Pero existe una conexión oficialmente documentada entre el relleno, el río San Juan y la presa.

Metales, fármacos y daño a la fauna

Diversas investigaciones han identificado en la presa Madín metales, medicamentos antiinflamatorios, plaguicidas, hidrocarburos y otros contaminantes.

Un estudio de 2014 encontró que los metales y fármacos presentes en muestras de agua de Madín producían estrés oxidativo en branquias, sangre y músculos de carpa común. (PubMed)

Otra investigación publicada en 2019 detectó productos farmacéuticos, compuestos de cuidado personal, plaguicidas y contaminantes orgánicos persistentes. El agua provocó mortalidad embrionaria, alteraciones en el desarrollo y estrés oxidativo en embriones de carpa. (PubMed)

En julio de 2026, un estudio publicado en Environmental Pollution reportó niveles críticos de contaminación por compuestos nitrogenados y metales en efluentes relacionados con Madín. Las muestras provocaron malformaciones, retraso del crecimiento y alteraciones en el comportamiento de larvas utilizadas como bioindicadores. (ScienceDirect)

Los metales encontrados en la presa no pueden atribuirse exclusivamente a los tiraderos. La cuenca recibe varias fuentes de contaminación. Los lixiviados son una de ellas; también existen drenajes urbanos, descargas domiciliarias, escurrimientos de vialidades y contaminantes arrastrados por los ríos.

El problema es acumulativo.

Zona Esmeralda y los ríos convertidos en drenajes

La contaminación de Madín no proviene únicamente de la basura.

Integrantes de la Comisión de Cuenca han documentado al menos 17 descargas de drenajes hacia el sistema. La mayoría se relacionaba con desarrollos de Zona Esmeralda, además de descargas procedentes de Naucalpan. (El Universal)

Investigadores de la UNAM y el IPN señalaron previamente que alrededor de 70% de las descargas identificadas provenían de fraccionamientos de Zona Esmeralda y bajaban sin tratamiento suficiente. También se documentaron descargas desde La Concordia, Lomas Verdes y Nuevo Madín. (El Universal)

Los ríos y barrancas que deberían conducir escurrimientos pluviales terminan funcionando como drenajes de asentamientos urbanos.

Las aguas residuales aportan materia orgánica, detergentes, nutrientes, bacterias y contaminantes emergentes. El exceso de nitrógeno y fósforo favorece la proliferación de lirio y algas; cuando esa materia se descompone consume oxígeno y deteriora las condiciones para los peces.

Por eso, la crisis de Madín es resultado de varias omisiones simultáneas: rellenos con fugas, tiraderos clandestinos, desarrollos urbanos sin saneamiento suficiente, deforestación y falta de coordinación entre Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla, Jilotzingo, el Estado de México y la Federación.

Una planta potabilizadora con 45 años de operación

La presa Madín forma parte del sistema que abastece agua potable a la zona metropolitana. El líquido captado en el embalse pasa por procesos de potabilización antes de incorporarse a las redes.

La planta Madín I inició operaciones en 1981 y en 2026 acumula aproximadamente 45 años de servicio. En 2021, autoridades reconocieron que su proceso había cumplido su vida útil y que fue diseñado para una calidad de agua diferente a la que actualmente recibe la presa. (Jefatura de Gobierno)

Madín I utiliza procesos convencionales de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Su funcionamiento depende de la calidad del agua cruda, el mantenimiento, la dosificación de sustancias y la vigilancia constante de los parámetros sanitarios.

El deterioro del embalse vuelve más complejo y costoso el tratamiento. La presencia de fármacos, plaguicidas, hidrocarburos y otros contaminantes emergentes exige tecnologías adicionales y análisis de laboratorio más amplios.

Para aumentar la capacidad y modernizar el tratamiento se construyó Madín II. La planta tiene capacidad para procesar 500 litros por segundo y utiliza preozonación, flotación por aire disuelto, filtros de arena, antracita y carbón activado, además de desinfección. Inició operaciones en julio de 2024 y entrega la mitad de su caudal al Estado de México y la otra mitad a la Ciudad de México durante la temporada de lluvias. (gob.mx)

La existencia de una planta moderna no justifica continuar contaminando la fuente. Ningún sistema de potabilización debe utilizarse como permiso para descargar aguas negras, lixiviados o sustancias químicas en la cuenca.

La población necesita conocer periódicamente los resultados del agua cruda, el agua tratada y los puntos finales de distribución.

El Tanque Lomas Verdes Bajo y los municipios abastecidos

El agua tratada por el sistema Madín se entrega al Tanque Lomas Verdes Bajo, administrado por la Comisión del Agua del Estado de México.

Desde ese punto se distribuyen caudales hacia Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Tlalnepantla. (El Universal)

Esto significa que la contaminación de la cuenca no es un problema exclusivo de quienes viven alrededor de la presa.

Madín forma parte de una infraestructura que abastece a población de varios municipios y entrega también una parte del caudal adicional a la Ciudad de México.

La respuesta oficial no puede limitarse a afirmar que el agua es potabilizada. Debe transparentarse qué contaminantes se analizan, qué concentraciones se detectan, qué remoción consigue cada planta y si el agua cumple las normas en los domicilios.

Limpiar diez toneladas no resuelve el problema

En abril de 2026, el Gobierno de Naucalpan y la Secretaría del Medio Ambiente estatal organizaron una jornada de limpieza en las inmediaciones del relleno sanitario de Santiago Tepatlaxco.

Más de mil participantes retiraron alrededor de diez toneladas de residuos sólidos. (Gobierno Naucalpan)

Recoger basura visible puede mejorar temporalmente el entorno, pero diez toneladas representan una cantidad mínima frente a los cientos o miles de toneladas que pueden ingresar a los confinamientos durante una sola jornada.

Limpiar la superficie no sustituye:

Clausurar los tiraderos clandestinos, vigilar los accesos, transparentar permisos, controlar las cargas, captar lixiviados, tratar el biogás, sanear los ríos, reparar el daño ambiental e investigar a quienes se benefician de las operaciones ilegales.

Una jornada con escobas, fotografías y camiones atiende la apariencia. No modifica el sistema que sigue transportando residuos hacia la misma región.

Las preguntas que debe responder el gobierno

El Ayuntamiento de Naucalpan y las autoridades ambientales estatales y federales deben publicar un expediente que permita conocer cuántos rellenos, tiraderos, centros de transferencia y tiros de cascajo existen en Tepatlaxco y sus alrededores.

También deben informar qué predios cuentan con autorización vigente, quién los opera, cuántas toneladas reciben, de qué municipios proceden, cuánto cobran, qué contratos respaldan la operación y qué resultados han arrojado los estudios de suelo, agua, lixiviados y biogás.

Debe transparentarse qué sitios fueron clausurados, cuáles reincidieron, quién permitió sus reaperturas y qué acciones administrativas o penales se emprendieron.

En el caso de Puente de Piedra, el gobierno debe publicar el convenio de regeneración, los dictámenes de estabilidad, las inspecciones posteriores y los resultados del programa de reparación ambiental ordenado después de la contaminación del río San Juan y la presa Madín.

Opinión editorial: el problema no es la basura que se ve

El gobierno puede retirar residuos de la carretera, organizar jornadas y publicar fotografías.

Pero mientras sigan entrando cientos de camiones, las clausuras puedan incumplirse y no exista información pública sobre permisos, toneladas, contratos y dinero, la limpieza seguirá siendo superficial.

El problema de Tepatlaxco no es únicamente la bolsa abandonada junto al camino. Es el sistema económico que permite que la basura continúe llegando.

Un sistema que convierte barrancas en espacios para rellenar, transforma residuos de otras demarcaciones en ingresos privados y distribuye los beneficios entre transportistas, operadores y propietarios, mientras deja los lixiviados, los olores, los accidentes y el deterioro ambiental en la comunidad.

También es una cuestión de justicia histórica.

Un pueblo otomí ligado a la agricultura, los bosques y los manantiales no puede seguir siendo tratado como el patio trasero de la zona metropolitana.

Las administraciones anteriores permitieron o no lograron detener la expansión de los tiraderos. El gobierno actual ya conoce las clausuras, los accidentes, las explosiones, los fallecimientos y la contaminación.

La reapertura de un confinamiento genera responsabilidad. La tolerancia de un tiradero clandestino también. Conocer el daño y no utilizar las facultades disponibles para impedir que continúe constituye una omisión.

Conclusión

Los dos tráileres volcados rumbo a Tepatlaxco revelaron algo más profundo que una carretera peligrosa.

Mostraron el flujo constante de residuos que atraviesa comunidades y termina en una región convertida durante décadas en receptora de basura metropolitana.

Tepatlaxco no necesita solamente jornadas simbólicas. Necesita clausuras efectivas, vigilancia, transparencia, investigaciones penales, remediación ambiental y protección de su identidad como pueblo originario.

La basura puede ser un negocio para unos cuantos, pero el agua contaminada, los peces muertos, las explosiones, los accidentes y el deterioro del territorio los paga toda la población.